Morelia, Michoacán. – La comunidad indígena de Villa Escalante, ubicada en Santa Clara del Cobre, dio a conocer en un encuentro con medios de comunicación que han ganado un amparo en contra del gobierno federal quien “de manera arbitraria e ilegalmente” había ordenado el desalojo de su Huatapera luego de señalarla como “bien nacional”.
Se ha de denominar Huatapera, según las significaciones indígenas, al “espacio que sirve de intercambio de ideas y de ideas o recinto sagrado para el saludo”, y es que esta definición no se ha podido llevar al plano material porque “el gobierno federal intentó entregar este espacio comunal, conocido también históricamente Hospital-Pueblo a la diócesis de tacámbaro.
Para tal efecto el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, por sus siglas CSIM, hizo un llamado a medios de comunicación para difundir que pese a que recientemente se ha ganado un amparo para no desalojar este territorio indígena, desde el año 2019 se hacen presentes los abusos a los bienes comunales, a los derechos colectivos y al sistema de cargos.
Se señala como perturbador de la Paz al párroco José Antonio Rodriguez Ortíz, quien “por intereses económicos ha intentado sistemáticamente despojarlos de este bien común y sagrado”.
¿Por qué el interés de la comunidad de Villa Escalante en preservar su Huatapera?
En la voz de Claudia Pureco, miembro de la comunidad indígena de Villa Escalante, esta defensa es vital porque la Huatapera para ellos “es un espacio central en la preservación de las tradiciones y donde se toma la palabra para determinar organizaciones”, por ejemplo, lo que concerniente a barrios y servicios; por lo tanto, el no hacer uso de este espacio, paraliza por completo dichos procesos.
Además, “se corre el riesgo de perder la lengua materna”, ya que dentro de este espacio se realizan talleres en honor a ella y a sus respectivos usos y costumbres.
La comunera culmina su intervención al compartir que la Huatapera sirve para recibir a más de dos mil de peregrinos que anualmente transitan por ahí, de tal suerte que este patrimonio comunitario se traduce en “un cobijo” para esas personas.
¿Qué opina un representante de la comunidad de Villa Escalante?
Con pruebas en la mano como las escrituras a nombre de la comunidad indigena, la Constitución Política de México de su lado, se insta a que el párroco y el gobierno federal, reconozcan que se han equivocado ya que “esto no es un bien nacional, es un bien comunal”, y que recuerden que dicho espacio “se les prestó como un comodato”; además, se solicita la destitución del párroco que dicho sea de paso, “desde hace tiempo terminó su administración” dentro de la iglesia que alberga la comunidad.
“Ya estamos hasta la fregada con el cura, que haga algo el gobierno y si no puede que nos diga a nosotros, y nosotros lo hacemos”, añade uno de los locatarios.
¿Qué dice Raymundo Ortíz como abogado que representa la causa de la comunidad de Santa Clara del Cobre?
Raymundo Ortíz enuncia un “abuso por parte del clero” y le señala como una “clase ociosa y parasitaria”, que desconoce o se desentiende por completo del hecho de que este espacio debe ser, como históricamente ha ocurrido, gestionado por la comunidad no por el poder eclesiastico.
Entre los abusos enuncia que “las monjas tienen ahí un colegio donde no admiten niños comuneros, es nada más para niños blancos y adinerados, y es propiedad de la comunidad indígena; por si fuera poco, no les hacen ningún descuento porque es un colegio particular. Aquí vemos que la Iglesia pretende recuperar los privilegios que perdió con la reforma”.
Finaliza al señalar que la Cuarta Transformación (4T) abusa de sus poderes fácticos y comete “incongruencias”.
“Lo peor de todo, este gobierno que según es de la Cuarta Transformación que se reivindica ‘mujiquista’ y todo eso, no es cierto porque el mismo representante federal, Ignacio Ocampo, fue el que les dijo ‘saben qué, sálganse’ y la comunidad no va a perder una posesión centenaria porque la 4T, la supuesta izquierda, lo dice”.