Por Arturo Hernández
Zitácuaro, Michoacán 29 de agosto de 2016.- Con diez votos a favor, dos en contra y dos ausencias, el cabildo local aprobó este día el proyecto de Ley de Ingresos Municipal 2017, bajo el argumento de que hay que aplicar a todos la Ley de Coordinación Fiscal y que “pague quien más tiene”.
En una maratónica sesión que empezó poco después de las nueve de la mañana y concluyó al filo de las tres de la tarde, los integrantes del cuerpo edilicio, con excepción de la panista Myrna Merlos y la priísta Patricia Ramírez, dieron luz verde para que en año próximo las autoridades hagan un uso mayor de las potestades tributarias con las que cuentan.
De esa manera se prevén más ajustes al pago del predial, tanto en la zona urbana como en la rural, el servicio de panteones, parques públicos, alumbrado, protección civil, juegos pirotécnicos y derechos de piso para taxis.
Este tema generó un debate de más de 60 minutos de duración, lapso durante el cual el edil Carlos Herrera Tello, el Tesorero, Bernado Razo, los regidores del PRD y uno del PRI (Cuauhtémoc Valdez Vaca) defendieron a capa y espada las que llamaron las “bondades” de la Ley de Coordinación Fiscal.
Mientras más recaudemos, más participaciones nos dará la Federación, es la frase que sintetizó el posicionamiento de dichos funcionarios.
Cuarto regidoras llamaron la atención sobre el pago de predial en la zona rural, a lo que Herrera Tello respondió que no se aumentan los impuestos, sólo haremos uso de las facultades tributarias del municipio y siempre respetando los lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Ni el Tesorero ni el alcalde zitacuarense precisaron qué monto de recaudación está previsto para el 2017 y mucho menos los mecanismos para darle regresividad social a esos impuestos.
El edil se comprometió a asumir los “costos políticos” que podría originar la decisión de ampliar la cifra de impuestos a cobrar por parte del municipio.
Otros temas abordados en la sesión de este lunes también fueron la realización de diversas obras, así como los adeudos que se tienen con el ISSSTE, Sapaz y la SHCP, que ascienden a unos 15 millones de pesos.
Un punto que hicieron resaltar un par de regidoras es que se les pide aprobar proyectos de obra sin la presentación o entrega de los documentos ejecutivos correspondientes.
Asimismo, que a cuatro meses de concluir el año sólo se ha ejercido la mitad del presupuesto para desarrollo agropecuario, que es de 20 millones de pesos.
