Argentina. – La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su responsabilidad en el caso conocido como “Vialidad”, relacionado con irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El fallo ratificó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de diciembre de 2022, que había condenado a Fernández por administración fraudulenta de fondos públicos en relación con la adjudicación de 51 contratos viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, determinó que la expresidenta era “autora penalmente responsable” de la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta condena podría dificultar su participación en las elecciones legislativas de 2025, aunque se espera que Fernández recurra la decisión ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso judicial por varios años.
Cristina Fernández, quien no estuvo presente en los tribunales, denunció a través de un comunicado que el fallo es parte de un intento de “proscripción” en su contra, acusando a los jueces de parcialidad y de actuar bajo presiones políticas, especialmente por sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri.
La Cámara también rechazó el pedido de la Fiscalía de condenar a Fernández por asociación ilícita, pero ratificó las condenas de seis años de prisión para otros implicados en el caso, como Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el extitular de Vialidad, Nelson Periotti. En tanto, algunos exfuncionarios del gobierno kirchnerista, como el exministro Julio De Vido y el exsubsecretario Abel Fatala, fueron absueltos.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente polarización política en Argentina, donde Fernández ha afirmado ser víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial) con el objetivo de desacreditarla políticamente.
