México. – El pasado 4 de abril, un órgano especializado de la ONU anunció que investigará la preocupante acumulación de desapariciones forzadas en México. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó que existan estos casos durante el actual gobierno y desafió a la ONU a presentar evidencia.
Sin embargo, datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda revelan que al menos 141 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre diciembre de 2018 y agosto de 2023, periodo en el que Morena gobierna a nivel federal. De esas víctimas, al menos 68 desaparecieron en estados también gobernados por Morena o sus aliados.
Casos emblemáticos como el de la activista Claudia Uruchurtu, desaparecida por funcionarios del municipio de Nochixtlán, Oaxaca, y el de José Alberto Serna, asesinado y ocultado por policías de la Ciudad de México, han sido reconocidos judicialmente como desapariciones forzadas, aunque no figuran en el listado oficial del gobierno.
Estas contradicciones entre el discurso político y los registros oficiales reavivan la preocupación internacional por la persistencia de este crimen de Estado en México, incluso bajo gobiernos que niegan su existencia.
