Morelia, Michoacán.- “No queremos cazar, no venimos a amedrentar, no queremos hacer eso, queremos convencer, prevenir, difundir valores, regresar a lo que tuvimos de niños: civismo, valores, motivos, buenas intenciones”, señaló en rueda de prensa José Antonio González Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Ética Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Apuntó que en la 22 asamblea del PRI, que se realizó en agosto de 2017, se decidió implementar un cuarto documento básico del partido, el cual se sumó a los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción. Se trata del código de ética, formado por valores, derechos, obligaciones y procedimientos que los simpatizantes deben cumplir.
Declaró que las obligaciones que establece el código de ética “no son contestativas”. Puso como ejemplo el artículo 19 que obliga a quienes se postulen a alguna candidatura, a presentar sus 3 declaraciones y firmar una carta donde otorgan su consentimiento para ser investigados y en caso de haber tenido un cargo público, someterse a una rendición de cuentas.
De acuerdo con González Fernández, se originó en “función del contexto de tantas menciones y de tantas citas de diferentes personajes políticos y medios, de que el PRI era un partido corrupto”, dijo.
El objetivo es reforzar los valores y principios y contribuir a la creación de la conciencia de que el poder es para gobernar: “para servir y no para servirse”, precisó José Antonio González y añadió que es necesario tener valores “a prueba de todo” para recobrar la confianza de la ciudadanía.
Considera que el código de ética será una herramienta para que los polítcos priistas entiendan que no tienen “por qué simular, por qué robar, que entendamos que podemos servir haciendo las cosas bien y con moral”, exteriorizó el presidente de la comisión.
Especificó que en caso de estar probado que algún candidato incurra en actos irregulares, si se trata de algo “grave”, no considerado delito, procederá una amonestación: “Una sanción para llamarle la atención, puede haber un extrañamiento”, dijo, es decir, un señalamiento público.
Por otro lado, en caso de haber una denuncia y que se tipifique un hecho delictivo, “la comisión integra la averiguación y lo turna a la autoridad competente”, explicó González Fernández.
Aseveró que no han recibido denuncias en contra de alguno de los candidatos del PRI, ni solicitudes de rendición de cuentas. Por el contrario, dejó en claro que sí han recibido solicitudes de afiliación y reafiliación.
En cuanto a los casos de Fausto Vallejo Figueroa y José Antonio Ixtláhuac, precisó: “Ese asunto ( en relación a Fausto Vallejo) no lo conocemos, no lo conocimos y no lo tenemos”. Y aclaró que la comisión no tiene conocimiento del caso, ya que “se ventiló” antes de su instauración y que el tema le pertenece a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
Del candidato a senador José Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien es señalado por la Auditoría Superior de Michoacán como “inhabilitado” expresó: “Como comisión nacional de ética nadie me lo ha denunciado”.
No obstante, señaló que está enterado y que para efectos de ser candidato para un cargo de elección popular, Toño Ixtláhuac reunió los requisitos que exigen los estatutos del PRI, sumado a esto, agregó “Para efectos de las instancias electorales, estatales y federales no esta inhabilitado”.
Declaró que la entidad federativa, si lo sancionó, fue de forma administrativa, pero eso no quiere decir “que esté inhabilitado para ocupar un cargo de elección popular”.