Morelia, Michoacán. – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito legal con el que buscan impedir que se reduzcan las condenas a feminicidas en México.
El recurso, conocido como amicus curiae o “Amigo de la Corte”, fue entregado en el marco de la revisión del amparo promovido en el caso de Jessica González Villaseñor, joven víctima de feminicidio en septiembre de 2020.
El responsable del crimen, Diego Urik Mañón Melgoza, recibió en primera instancia una condena de 50 años de prisión. Sin embargo, un tribunal redujo la sentencia a 42 años y 6 meses. La familia de la víctima impugnó esta decisión, pero el amparo no prosperó, lo que llevó el caso hasta la SCJN.
Tanto la CEDH como la FGE argumentan que disminuir las penas en delitos de feminicidio constituye un agravio para las víctimas indirectas y vulnera el derecho de acceso a la justicia. Además, subrayaron que este tipo de crímenes, por su alto impacto social, deben sancionarse con todo el rigor de la ley para enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.
De resolverse a favor, la Suprema Corte sentaría un precedente nacional que impediría reducciones de condena en feminicidios, fortaleciendo la justicia con perspectiva de género.
El documento fue respaldado por el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y por el presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, quienes reiteraron su compromiso de acompañar a las víctimas y de trabajar para garantizar que no haya impunidad en los casos de violencia feminicida.
