![Presidente de El Salvador descarta asistir a la ONU y lanza dura crítica [Video]](https://www.monitorexpresso.com/wp-content/uploads/2025/09/Copia-de-Copia-de-Monitor-Expresso-Plantilla-8-1.jpg?x60247)
San Salvador, El Salvador. — El presidente Nayib Bukele aseguró recientemente que “no se puede solucionar el crimen con educación y oportunidades; los criminales solo pueden ser detenidos con la fuerza”, durante un acto oficial en Costa Rica donde acompañó la colocación de la primera piedra de una megacárcel contra el crimen organizado.
La frase forma parte de una postura más amplia del mandatario centroamericano respecto a la seguridad pública, en la que sostiene que los métodos tradicionales —como inversión en educación, cultura o programas sociales— son insuficientes para erradicar estructuras delictivas ya establecidas. Según Bukele, estos enfoques solo funcionan “antes de que el problema empiece”, pero no contra quienes ya forman parte de organizaciones criminales activas.
¿Por qué lo dijo Bukele?
La declaración se dio en el contexto de la visita de Bukele a Costa Rica para impulsar la construcción del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel basada en el modelo salvadoreño de alta seguridad para pandilleros más violentos.
Bukele afirmó que solo un Estado fuerte puede derrotar a la criminalidad, y que si un país no lo logra es porque existe complicidad —o inacción— por parte del propio Estado. “Una vez que el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence”, señaló.
Esta posición refleja la filosofía de seguridad que ha marcado la gestión de Bukele en El Salvador desde 2022, cuando su gobierno declaró un régimen de excepción para combatir las pandillas tras un aumento significativo de homicidios. Bajo ese esquema, miles de supuestos miembros de pandillas han sido arrestados y las autoridades han implementado medidas excepcionales de seguridad y detenciones sin orden judicial tradicional.
Una política de seguridad polémica
La “guerra contra las pandillas” del gobierno salvadoreño ha sido acusada por organizaciones de derechos humanos de incluir violaciones de derechos fundamentales, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, especialmente en contra de jóvenes y poblaciones vulnerables.
Defensores del enfoque de Bukele señalan que la respuesta enérgica ha reducido drásticamente las tasas de homicidio y ha recuperado el control de territorios dominados por pandillas, llevando a El Salvador a cifras históricas de baja violencia.
Sin embargo, críticos argumentan que combatir solo las consecuencias del crimen, sin atacar sus causas estructurales —como la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades— puede ser una solución incompleta o incluso dañina a largo plazo. En el caso de México y otros países de América Latina, expertos en seguridad han advertido que el crimen organizado tiene raíces más profundas y complejas que requieren estrategias combinadas, incluyendo políticas sociales y económicas, no únicamente medidas de fuerza.
Relevancia para México y la región
En México, la violencia ligada al crimen organizado se ha convertido en un desafío de décadas, con grupos narco y delitos de alto impacto presentes en múltiples estados. Diferentes gobiernos han alternado enfoques entre militarización, policía federal y programas sociales, con resultados mixtos. La declaración de Bukele abre nuevamente el debate sobre qué combinación de políticas puede ser más efectiva para frenar al crimen sin sacrificar derechos humanos ni el estado de derecho.
Mientras algunos sectores coinciden con la necesidad de mano dura para contener la violencia en el corto plazo, otros instan a no descuidar las causas estructurales del crimen, como la falta de oportunidades económicas y educativas, que son clave para prevenir la participación de jóvenes en actividades delictivas.
