PIA.- El grito de justicia y aparición con vida de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos los pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala se enfrenta al desafío de frenar el intento del Gobierno Nacional de México de cerrar la investigación. Tras seis meses de pelea contra la impunidad y la cultura del terror, los familiares de los normalistas convocan a una nueva movilización – que trasciende las fronteras mexicanas-. Exigen se investigue el rol del Ejército, se imponga la figura de “desaparición forzada” y se avance en el esclarecimiento de las responsabilidades criminales que involucra a fuerzas policiales, parapoliciales y políticas.
“Rechazamos el mensaje del Estado mexicano de querer cerrar la investigación y dar por muertos a los 43 estudiantes sin pruebas científicas que sustenten dicha teoría (…) Las investigaciones no han aportado elementos que indiquen el paradero de nuestros familiares”, señalaron en una misiva pública los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa masacrados, secuestrados y desparecidos seis meses atrás en Iguala.
El intento de “carpetazo” de la causa por parte del Gobierno Nacional fue una maniobra de impunidad que también le permite jugar con el tiempo en una apuesta por el desgaste de las masivas movilizaciones que desde septiembre del año pasado alcanzaron la consigna de “Peña Nieto renuncia”.
Seis meses después, una nueva movilización en las calles de México buscará imponer el grito de justicia ante los intentos de proscripción del crimen. Es también un desafío a la cultura del terror que se impuso en a fuerza de años de violencia represiva. La marcha en el Distrito Federal – que se extenderá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución- será el acto central de la 10 Acción Global por Ayotzinapa que se repite en numerosos países del mundo.
Los padres de los normalistas exigen aparición con vida de sus hijos y justicia: que se identifique y juzgue a los responsables que abarcan el poder político municipal y provincial, las fuerzas policiales, organizaciones criminales y las Fuerzas Armadas.
De los 99 detenidos en la causa por la Procuraduría General (PGR), sólo cinco fueron inculpados por el delito de desaparición forzada. Los demás, cargan con la acusación de secuestro, delincuencia organizada y homicidio calificado, tal como el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Según las declaraciones de integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos a la PGR, el funcionario y su esposa – María de los Ángeles Pineda Villa- son los autores intelectuales del ataque a los estudiantes y quienes financiaban a la fuerza parapolicial. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió que se reclasifique el delito y se establezca la desaparición forzada.
Los organismos de Derechos Humanos también señalaron que aún no existe una línea de investigación sobre la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes. Días atrás, un informe del 27 batallón de Infantería con sede en Iguala confirmó que el Ejército estuvo involucrado en los ataques a los normalistas, al menos por conocimiento de la situación y omisión en evitar los crímenes. De acuerdo a una nota del medio Revolución Tres Punto Cero, el documento del Ejército detalla que diversos integrantes de la Fuerza estuvieron al tanto de la “detención” de los estudiantes, vieron heridos y cadáveres, supieron del accionar de policías municipales y oyeron la represión con armas de fuego.
En enero, la Procuraduría General de la Nación de México presentó la “verdad histórica” por el caso de Ayotzinapa que daba por cerrada la investigación: los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en un basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan.
La versión fue rechazada por los familiares que denunciaron que había “prisa e intencionalidad política” del gobierno nacional por cerrar el caso. En su respuesta, los padres de los normalistas presentaron diez puntos por los cuales repudiaron el cierre de la investigación. Entre ellos, se destaca que la PGR no inició ningún proceso por desaparición forzada de personas; no hay evidencia de la muerte de todos los desaparecidos, sino de uno sólo de ellos; no se indaga la responsabilidad del Ejército pese a denuncias previas que lo vinculan a Guerreros Unidos; y no se avanza en la indagatoria sobre el rol del gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también puso en cuestión la versión oficial: “La investigación sobre Ayotzinapa no puede darse por concluida toda vez que aún falta procesar una cantidad importante de evidencia tanto por los peritos de la PGR como del EAAF”, señalaron. “El EAAF continúa hasta el momento analizando evidencia”, agregaron. El equipo de antropología actúa desde el 4 de octubre del año pasado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre, pero con reconocimiento del Gobierno Nacional.
Un antes y un después en México tras la masacre de Ayotzinapa, fue la expresión que empleó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Pero también destacó que la vulnerabilidad de los DDHH supera a Guerrero y atraviesa a todo el país en todos los niveles del Gobierno. “Tan alarmante como esta situación es la renuencia de los encargados de la conducción política del país a aceptar la gravedad y su empeño por actuar de espaldas a la realidad”, señaló en su editorial el diario local La Jornada al evocar los rechazos del Gobierno de Peña Nieto a las críticas formuladas por organismos nacionales e internacionales, como la ONU.
La única medida concreta de Peña Nieto fue el lanzamiento de un “operativo de seguridad” que combina el despliegue del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la región conocida como Tierra Caliente que abarca 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos identificados como de “alta criminalidad”. Luego del anuncio del plan de militarización, llegó el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, quien sostuvo que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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Fuente: PIA