La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado atentó contra la autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al aplicar un ajuste “unilateral”, sin previo aviso y sin notificación oficial, al presupuesto que le autorizó el Congreso del Estado, denunció la magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales.
Al personal administrativo del Tribunal bajo la Presidencia de la magistrada Andrade se le trajo a vueltas y vueltas en la Secretaría de Administración, en largas antesalas y con la esperanza de recibir algún día la transferencia adeudada para cubrir el costo de servicios básicos e indispensables con el fin de ejercer las funciones sustantivas de éste organismo autónomo en el arranque del Proceso Electoral.
La presidenta del TEEM reiteró que el Gobierno del Estado adeuda 5 millones 340 mil 922 pesos que corresponden al gasto operativo del TEEM, del período de mayo a diciembre de 2020, en un entorno de pandemia, lo que obligó a tomar medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la salud del personal y de los justiciables.
“Ajustes de esa naturaleza no pueden establecerse de manera unilateral por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, pues ello equivale a vulnerar la autonomía que constitucionalmente corresponde al Tribunal. En efecto, el reducir de manera unilateral el presupuesto autorizado a un órgano autónomo como lo es el Tribunal Electoral del Estado, atenta contra su naturaleza autónoma”, señaló la presidenta del TEEM, citando criterios de jurisprudencia relativa a la autonomía de gestión presupuestal de los organismos electorales.
A partir de la administración de la doctora Andrade, que inició el 1 de septiembre del año pasado, el Tribunal realizó diversas gestiones para solicitar las ministraciones mensuales del gasto operativo, como quedó acreditado a través de los oficios TEEM-SA-238/2020, TEEM-P-365/2020, TEEM-P-413/2020, TEEM-P-427/2020, TEEM-P-468/2020 y TEEM-P-493/2020, sin que se les diera respuesta alguna.
Tampoco hubo notificación formal de la reducción presupuestal aplicada al órgano jurisdiccional, dejándolo sin recursos para cubrir las necesidades básicas de su operatividad, máxime que desde el 6 de septiembre de 2020 comenzó el proceso electoral 2020-2021.
