Por Redacción Monitor Expresso
Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2016.- Con el propósito de analizar la planeación y programación presupuestal 2017, desde el Poder Ejecutivo y consolidar el desarrollo sostenible en las regiones, se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Congreso del Estado, la Inauguración de la mesa de trabajo: “Planeación Democrática para la Dignidad humana, el Mínimo Vital y el Desarrollo Regional” actividad contemplada dentro del Foro “Propuestas desde el Consenso Social para el Desarrollo Sostenible en Jalisco” impulsada por la Diputada que preside la Comisión de Desarrollo Regional, Mónica Almeida López.
“El reto que tenemos implica revisar la política salarial y transitar hacia una metodología presupuestal por la que se garantice una canasta básica de derechos humanos que incluya la renta básica universal no asistencialista, y que nos transforme en mejores contribuyentes y generadores del bien común”, manifestó la legisladora Almeida López
Agregó, que nada justifica la pobreza extrema de más de 250 mil personas en Jalisco, porque “En la democracia la miseria no debe tener cabida” y se deben impulsar nuevas estrategias reconociendo las circunstancias de cada una de las Regiones del Estado. En este foro se generara una norma jurídica que se traduzca en una distribución justa y estratégica de recursos.
Por su parte, Rodolfo Godínez Rosales, Director de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que no corresponde a la Comisión de Derechos Humanos fijar montos salariales, pero si brindar estándares para que las autoridades tenga parámetros y el salario mínimo debe adecuarse, de otra manera las necesidades básicas de los trabajadores que reciben un solo salario mínimo no son cumplidas de manera suficiente, no solo en cuestión de alimentación, sino también de vivienda, de educación y otros satisfactores básicos que con dicho salario no pueden cubrirse.
Añadió, que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), está trabajando en el tema y comparte estándares internos e internacionales a las autoridades quienes conforme a esos esquemas dictaminan el incremento salarial que corresponda, además dicha Comisión Salarial tiene un órgano consultivo que analiza metodologías para que gradualmente el salario mínimo sea más fuerte.
Luego de la conferencia magistral presentada Godínez Rosales, se inició la mesa de análisis donde expertos en la materia desarrollaron conceptos, planeación y estrategias para resolver la problemática por la que atraviesa actualmente el estado, entre sus propuestas y observaciones destacaron las siguientes:
José de Jesús Becerra Ramírez, de la Universidad de Guadalajara, aseguro que aunque el Estado está imposibilitado para resolver todas las problemáticas, existe el marco normativo y la Constitución, que refiere que se deben de resolver de forma progresiva los problemas y no puede ser posible que se retroceda en temas de salud, educación, medio ambiente y agua, ante esto, las autoridades tienen una gran responsabilidad.
El propio artículo primero de la Constitución refiere que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”; de no cumplirse este mandato es demagogia política y debe ser cuidado el tema de los presupuestos para que sean aplicados de manera igualitaria, sin discriminación, proporcional y de manera progresiva.
Por su parte, la académica y experta en materia, Nora Claudia Ampudia Márquez, aseguro que la población debe de contar con capacidades o habilidades para que las personas logren esa autonomía económica que dé libertad financiera; el Estado no debe satisfacer todas necesidades de una población, si no, se debe garantizar el empoderamiento de la ciudadanía para que por sí misma pueda satisfacer sus necesidades sin ser una carga tributaria sobre el resto de la población, o una carga económica para el propio gobierno.
Ignacio Román Morales, académico del ITESO manifestó que en México el salario mínimo actual es de 73 pesos con cuatro centavos diarios, es decir 2 mil doscientos veinte pesos con 42 centavos al mes, de acuerdo con los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la canasta básica urbana cuesta 2 mil setecientos pesos mensuales por persona y esto está prácticamente 18 por ciento por arriba del salario mínimo, “estamos violentando derechos fundamentales en este país y si se está teniendo una actitud de corrupción que impide que la población pueda satisfacer sus necesidades elementales vía salario mínimo, si ese es acto es delincuencia organizada, es a su vez delincuencia del Estado, de los empresarios privados en sus grandes corporaciones y de los representantes de los sindicatos corporativos”.
Finalmente, Hiram Zambrano Brambila, académico de la Universidad Panamericana, explico que deben de ser sometidas a revisión todos los catálogos de derechos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y las diversas leyes municipales, ya que en la actualidad se cobran los derechos para obtener las actas de nacimiento a niños que requieren de su documento para ingresar a instituciones escolares, limitando un derecho fundamental del menor. El reto es el reconocimiento del mínimo vital en la Constitución de Jalisco, ya que actualmente provoca situaciones de inconstitucionalidad en diversos impuestos locales, es necesario exigir nuevos trabajos legislativos para purgar vicios y hacerlos acordes a ese derecho humano.
En el evento inaugural se encontraban Mara Robles Villaseñor, Rectora del Centro Universitario los Altos; Ricardo Villanueva Lomeli, Rector del Centro Universitario de Tónala; Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Universidad de Guadalajara; Miguel Castro Reynoso de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y los coordinadores parlamentarios Hugo Contreras Zepeda, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Ismael del Toro Castro y José García Mora