Por Redacción Monitor Expresso
México.- Pese a que el PRD impulsa los amparos contra el nuevo esquema de precios de las gasolinas, los recursos ha sido rechazados por un juez federal, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con la juzgadora, esta clase de reclamos no se pueden dirimir por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica, implementada por uno de los Poderes de la Unión.
Indicó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, ha comenzado a desechar 50 demandas de amparo promovidas en contra del nuevo diseño de la política económica en materia de determinación de precios de las gasolinas.
Pero el Juez federal tomó la decisión de desecharlos al resultar las demandas de amparo “notoriamente improcedentes”.
La juzgadora federal indicó que el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “no otorga a los gobernados garantía individual alguna para exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medias, a fin de cumplir con los principios relativos a aquella”.
Precisó que las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental, lo que constituye un obstáculo jurídico que impide instruir a los órganos de Estado, señalados como autoridades responsables, para adoptar ciertas políticas públicas o medidas de carácter económico, pues “sería tanto como sustituirse en la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Detalló que al juzgado federal no corresponde imponer una obligación a los expendedores de gasolina para que realicen el cobro de los productos que venden, bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional.
Apuntó que no sería jurídicamente factible, ordenar a las autoridades responsables que legislaran nuevamente en materia económica y de política pública, y “rediseñaran” un nuevo esquema de fijación de precios.
