Eloí Vázquez López considera que ante los casos de malversación de fondos en perjuicio de las haciendas públicas de diversos estados de la república por parte de gobiernos emanados del PRI, la Auditoria Superior de la Federación, el INE y la FEPADE, deben tomar medidas urgentes de cara al proceso electoral de 2015 porque mucho de ese dinero se aplica en la compra del voto, además del enriquecimiento de los políticos.
Regularmente nos enteramos, afirma Eloí Vázquez, y quizá por eso ya no nos causa sorpresa, que algún ex funcionario estatal, de nivel de Gobernador a Secretario de Gobierno, aprovechó su investidura para saquear las arcas estatales, como ha sucedido en los estados de Oaxaca con Ulises Ruiz, Puebla con Mario Marín, Veracruz con Fidel herrera, Coahuila con Humberto Moreira, Tabasco con Andrés Granier y actualmente en Michoacán con Fausto Vallejo, todos ellos representantes del PRI.
Lo inexplicable en todos los casos es la impunidad con la que los priistas en el poder, ocultan las pruebas y aunque exigían a algunos de los protagonistas, a otros, según su aportación, llegan incluso a premiarlos con responsabilidades nuevas y destacadas dentro de su estructura partidaria, como hemos visto en los casos de Ulises Ruiz y sus operadores políticos, entre estos destaca Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, actual director nacional de Liconsa, que tiene en su nómina cobrando aun a Bulmaro Rito Salinas. Dedicados a fortalecer al gobernador Roberto Borge Ángulo, en Quintana Roo; en el caso de Humberto Moreira Valdés, es indiscutible su influencia en el control político de Coahuila para beneficiar al PRI en la elección intermedia, a pesar de que fuera derrotado en 2012 en la elección federal, y recientemente ha salido a luz el caso de Fausto Vallejo Figueroa e hijo, ambos unidos en el fango de la corrupción y la complicidad con el narcotráfico.
La información que circula hoy sobre lo que llaman “el desvío de recursos más escandaloso en la historia de Michoacán”, contrasta totalmente con la imputación mediática que le intentaron fincar, sin porbarlo, al gobierno perredista anterior. En los dos años y cinco meses del gobierno priísta no se ha comprobado en qué se emplearon, más 16 mil millones de pesos, específicamente en el renglón educativo no se ha podido comprobar el destino de 15 mil millones de pesos, en tanto que en la Secretaría de Salud se manifiesta el uso de mil millones de pesos, sin justificación, ni orden administrativo.
En la reciente administración estatal del dúo Vallejo-Reyna, la deuda pública de Michoacán creció en más de 2 mil millones de pesos. Y de eso no se dice nada en los mismos medios de comunicación que acostumbran seguir denostado sin mayores elementos a los gobiernos del PRD.
Por lo tanto, concluyó Eloí Vázquez, debido a que estamos en la antesala de las elecciones federales del 2015, es urgente que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para evitar que las campañas políticas y el partido gobernante tengan discrecionalidad en el manejo de los recursos estatales y puedan incidir en los resultados, como hemos visto hasta ahora. Existe una larga lista de implicados en casos graves de corrupción en contra de diferentes arcas estatales, por lo que se debe ejercer acción penal en contra de todos los influyentes personajes implicados, que a su vez, son conocidos operadores políticos del PRI.
