Morelia, Mich.- La falta de entrega de los videos de seguridad del Palacio de Gobierno, podrían ser clave en el caso de la presunta agresión a la periodista Dalia Villegas, ha detonado acusaciones de un posible encubrimiento por parte del Gobierno del Estado hacia el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien fue directamente señalado por la comunicadora.
Durante una rueda de prensa convocada este viernes por el colectivo #NiUnoMás y la Asociación Michoacana de Periodistas A.C., Dalia Villegas y compañeros del gremio denunciaron que la administración estatal ha mantenido una postura obstructiva y poco transparente, que hoy frena el avance de la investigación federal.
La carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) está prácticamente integrada: ya se realizaron peritajes médicos, psicológicos, de informática forense y una recreación de hechos dentro del propio Palacio de Gobierno. Sin embargo, la investigación se encuentra detenida por un solo punto: la ausencia de los videos de las cámaras internas.
El Gobierno del Estado argumentó (de acuerdo con Dalia Villegas), que las grabaciones “se borran automáticamente en 48 horas”, razón por la cual no pueden ser entregadas.
La explicación ha sido calificada como un posible indicio de proteger al exsecretario de Seguridad Pública, presunto responsable de la agresión.
Las cámaras del Palacio de Gobierno registran los accesos, pasillos y áreas donde la periodista presuntamente sometida físicamente por elementos de la Guardia Civil y donde Oseguera Cortés habría intervenido directamente para impedir que ella documentara agresiones a manifestantes.
Sin ese material audiovisual, la FGR no puede solicitar audiencia judicial ni formular imputaciones formales, lo que en términos prácticos congela el proceso.
Villegas también cuestionó la falta de acciones enérgicas por parte de la Fiscalía General de la República, que, pese a conocer la relevancia de los videos, no ha ordenado un cateo al Palacio de Gobierno para asegurarlos o recuperar lo que aún pueda existir.
La periodista también lamentó que ni el Gobierno del Estado, ni el Congreso local, ni organismos públicos autónomos hayan emitido un solo pronunciamiento condenando la agresión.
La periodista junto al gremio pidieron tres acciones inmediatas:
1. La entrega total e íntegra de los videos del 2 de noviembre.
2. Que la FGR actúe sin demora, incluyendo medidas de aseguramiento o recuperación del material.
3. Garantías reales al ejercicio periodístico, especialmente frente a autoridades de seguridad.
