Ciudad de México.- Este día en 2019, el domicilio de Lydia Cacho fue allanado por sujetos desconocidos, quienes entraron dañando las cámaras de seguridad y matando a una de las perras de guardia.
Los sujetos robaron objetos de trabajo como tarjetas de memoria, discos duros, una computadora portátil y otros dispositivos que contenían información sensible sobre los casos de pederastia que la periodista ha develado durante su largo trayecto como defensora de los derechos de mujeres, niñas y niños. A pesar de que la casa contenía objetos de valor, éstos no fueron robados.
El suceso tuvo lugar tres meses después de que la magistrada del primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito libró las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín; el empresario, Kamel Nacif Borge; el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán; por la responsabilidad en la comisión de tortura en contra de la periodista. A la fecha, las órdenes no han sido ejecutadas.
Además, el allanamiento ocurrió seis meses después de que el Estado mexicano se disculpara públicamente por las violaciones a los derechos humanos de la periodista, y se comprometiera a generar medidas para que su libertad e integridad no se vulneraran de nuevo. El compromiso llegó después de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encontrara que durante la detención y traslado de la periodista de Quintana Roo a Puebla –trayecto que duró más de 20 horas– se violentaron su libertad de expresión, su derecho a no ser torturada y su integridad.
Hoy, un año después del allanamiento, las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), no han arrojado datos concluyentes sobre la identificación de las personas responsables. La línea de investigación sigue incierta: la FEADLE no ha considerado, a pesar de la solicitud expresa, que el allanamiento es parte de las actividades planeadas por la organización de poder que fraguó la tortura contra Lydia tras develar la organización criminal responsable por pederastia y trata de personas.
Cabe señalar el amplio historial de agresiones posteriores a la denuncia presentada por Lydia Cacho contra quienes planearon y ejecutaron su tortura. Desde 2005 ha recibido, entre ellos, amenazas de muerte, mensajes intimidatorios y un atentado contra su vida.[1]
A la lista se suma su desplazamiento forzado, el cual fue motivado por la impunidad y la falta de reacción pronta y eficaz de las autoridades encargadas de la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Es así como resulta completamente perverso que una periodista, que dio a conocer afectaciones a las vidas y los derechos de mujeres, niñas y niños, tenga que salir del país para procurar su integridad, pisando territorio extranjero y solventando su desplazamiento durante un año. Esto, mientras que sus perpetradores se encuentran en territorios totalmente familiares, gozando de impunidad.
El contexto es claro, mientras las personas que planearon las agresiones en contra de Lydia Cacho no se encuentren aprehendidos, el riesgo de la periodista crece e impide su retorno seguro al país. Mientras la impunidad siga agregando años al caso, la historia dará cuenta de la incapacidad de cuatro sexenios para garantizar acceso a la justicia, una vida libre de violencia y condiciones propicias para ejercer la libertad de expresión.
En este escenario, las declaraciones que ha realizado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el trámite de extradición de uno de los responsables de los hechos de tortura –a quien se había ubicado en la República Libanesa–, rompe con la secrecía del caso y alerta al perpetrador sobre las acciones de la autoridad.[2] El poder político y económico de dicho personaje le permitirá cambiar con facilidad su ubicación y con ello permanecer en la impunidad.
Por lo anterior, ARTICLE 19 hace un llamado al Estado mexicano en su totalidad para cumplimentar el compromiso del 10 de enero de 2019 en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, frente a Lydia Cacho y a la sociedad: acceso a la justicia y garantías de no repetición, para que ni ella, ni cualquier otra u otro periodista, sufra castigos o vejaciones por ejercer el periodismo y la libertad de expresión.
