Martha Dalay Soto
Morelia, Michoacán,- Hace un año, el 13 de septiembre del 2022, el Gobierno de Michoacán solicitó a la Fiscalía General de la República retomar el caso de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 aquí, en la ciudad de la cantera rosa.
15 de septiembre rojo
Era el 15 de septiembre de 2008, cuando en plena celebración multitudinaria del Grito de Independencia, tres granadas de fragmentación estallaron en el centro de Morelia. Y, pese a que la palabra «terrorismo» tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional, este hecho fue considerado el primer acto de este tipo en la historia contemporánea de México, por pretender la dominación de la sociedad por medio del terror.
El Gobierno de Michoacán en el comunicado emitido en 2022, sostuvo lo siguiente “Con el compromiso de conocer la verdad de los hechos y que se haga justicia a las víctimas directas e indirectas por este suceso, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó solicitar que sea reactivada la averiguación previa y las investigaciones del caso, toda vez que podría existir un vicio formal y significativo en diligencias realizadas con anterioridad”.
Al hacer un análisis del discurso que emplea el Gobierno (estatal) , se hace del conocimiento público que en su proceso de investigación existieron errores contundentes que imposibilitan el dar claridad y justicia a los afectados, o como ellos lo nombran ‘podrían existir vicios formales y significativos en diligencias realizadas con anterioridad’.
Además argumenta que la petición de reabrir el caso es para solicitar la intervención de la “Policía Judicial”, recoger testimonios de víctimas, y obtener más pruebas que permitan lograr el esclarecimiento del ataque en Morelia; por cierto, esta corporación dejó de operar hace más de un década.
Sin embargo, es oportuno analizar ¿por qué quieren reabrir una investigación donde ya se había presentado a los responsables?
¿Qué conocemos del caso?
Los hechos se presentaron en el siguiente orden:
1) El 15 de septiembre de 2008 fue la detonación de 2 granadas de fragmentación, durante las celebraciones del Día de la Independencia en Morelia, Michoacán; de manera puntual, en la plaza Melchor Ocampo, y una más en la calle León Guzmán esquina avenida Madero.
2) Días después del ataque en la ciudad capital de Michoacán en 2008, la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la dirección de Eduardo Medina Mora en ese momento, informó sobre la captura de tres individuos responsables de los actos violentos que causaron ocho muertes y dejaron a más de 100 personas heridas; sus nombres son Alfredo R. E., “El Socio” o El Valiente; Juan Carlos C., “El Grande”, y Julio César M. M., “El Tierra Caliente”. Los presentaron como integrantes del Cártel de los Zetas.
3) La tarde del 27 de mayo del 2009, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco dictó sentencia absolutoria a los tres procesados por todos los delitos que se les imputaba.
Si bien este atentado fue adjudicado al crimen organizado, sustentándose en que en el año del 2008 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le había declarado la guerra al narcotráfico y probablemente los integrantes de este cártel habían tomado represalias, aún no se tiene claridad de que el ataque provenga de ahí.
De este modo, es así como encontramos uno de los primeros “vicios” como ellos lo llaman, y es que, se dio a conocer mediáticamente esa tarde del 27 de mayo de 2009 que habían dejado en libertad a integrantes del cártel de los Zetas al descubrir que habían sido detenidos de manera ilegal y sometidos a torturas para obtener declaraciones de culpabilidad. Pareciera que entonces a quienes capturaron las fuerzas militares del Gobierno de Michoacán sólo fueron chivos expiatorios o personajes que formaron parte de una cortina de humo para liberarse de la presión social de ese momento.
Si no fuera suficiente con este argumento, un par de días después de que en el Portal Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán se publicará ese comunicado, el 15 de septiembre del año pasado el periodista J. Jesús Lemus publicó en Los Ángeles Times una nota de nombre “A 14 años de los ‘granadazos’, aún no se sabe quién atentó contra la población civil en Morelia”, donde dice que antes de que dejaran en libertad a los que fueran señalados como los autores materiales del ataque, tuvo la oportunidad de conversar con ellos y explica quiénes son.
En la entrevista que sostuvo Jesús Lemus con uno de ellos en la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, se encuentra con que uno de los acusados que viene de Lázaro Cárdenas, Michoacán no es del Cártel de los Zetas; el hombre arrestado de nombre Jesús L. confiesa “yo no tengo nada que ver con esa situación, yo soy mecánico y mi esposa vende cena en la casa por las noches para poder sacar los gastos de la familia (…) a mí me detuvieron porque tenían que presentar a alguien en el gobierno”.
Al preguntarle cuándo y en dónde lo detuvieron, respondió, “me detuvieron en Lázaro Cárdenas, al día siguiente de los granadazos. Estaba trabajando en mi casa, en un taller que tengo ahí. Estaba reparando un carro que me llevaron para arreglarle la marcha, cuando me secuestraron. Era un comando armado (…) no iban en patrullas de la policía. Fueron como unos 20 los que me detuvieron, iban en varias camionetas. Todos llevaban el rostro cubierto, con cuernos de chivo; llegaron y me subieron a una camioneta”.
Después se le preguntó que con cuántos venía y respondió “Me detuvieron a mí solo, pero en la acusación que me leyeron dice que vengo con los otros dos, con los que se llevaron de aquí, aunque no los conozco (…) dice que soy uno de los tres que aventaron las granadas en Morelia (…) me están acusando de pertenecer a Los Zetas y de ser parte de un comando especial que llegó a Michoacán para calentar el estado. Eso es lo que dice en la acusación que me dieron a firmar”.
Finalmente, al cuestionarlo si firmó de aceptación y la razón, dijo lo siguiente “sí, cómo no iba a firmar si me estaban matando. Me estaban ahogando cuando me entregaron las hojas para que firmara, y dijo el ministerio público que si no lo hacía iban a mandar levantar a mi esposa y a toda mi familia. Y después de haber visto cómo me sacaron de mi casa, no dudo que sí puedan mandar a alguien a que mate a mi esposa y a mis hijos”.
Como adicional, otra inconsistencia que se encontró fue que entre la plática, que se escuchó en los pasillos, que tenía un custodio con uno de los reos dentro de la cárcel, se decía que el ataque fue a manos del cártel de la Familia Michoacana, mientras que en prensa se decía que fue orquestado por el Cártel de los Zetas.
Los casos de las víctimas del 15 de septiembre siguen en el limbo
Se le realizó una entrevista a la abogada, Reyna Velasco Guerrero, quien representa desde el año 2018, hace 5 años, a un grupo de víctimas de los hechos ocurridos el 15 de septiembre del 2008; concretamente, representa a 6 familias, y aproximadamente 15 víctimas mortales y lesionadas.
Lo que la motivó fue saber que había víctimas de otros temas a nivel nacional que ya habían sido reparadas del daño y que víctimas como las del granadazo a pesar de estar contempladas en la exposición de motivos de la Ley General de Víctimas y en la creación de la Comisión de Víctimas a nivel federal y local, creadas en 2013, ni siquiera tenían el acceso mínimo a medidas de ayuda que la misma comisión tendría que otorgarles.
La primera de las irregularidades con las que ella como representante se encontró fue que al solicitar a la Comisión de Víctimas Local, le diera copias de los expedientes que se supone se habían generado, encontró una negativa. La abogada indicó que en su momento se preguntó “¿y entonces, en todos estos años qué han hecho?, si dicen que los venían representando, ¿de qué forma y en qué procedimiento?”.
Desafortunadamente, le preguntó a las víctimas si tenían conocimiento del estatus del proceso penal, de dónde estaba radicado o del número de causa y era un dato que desconocían por completo; ellos comentaban que a través de Atención a Víctimas y a través de Atención Ciudadana siempre se les dijo que no se preocuparan por ese tema, que “ellos lo estaban trabajando”.
Con esta información, la Licenciada Reyna junto con las víctimas acudieron a La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), solicitando se les informara si existía una averiguación previa vigente, el número de proceso penal y dónde estaba radicado.
La respuesta en SEIDO fue que sí había un proceso penal, Jalisco específicamente, pero al intentar comparecer en el juzgado designado, el juez les dice “el proceso está suspendido porque hay un amparo que promovieron las personas que fueron detenidas en el 2008 como acusadas; este amparo está desde el 2015”, por lo que tuvieron que esperar a la resolución para después promover el recurso de revisión en el 2018. La razón de que las víctimas no comparecieran desde antes, fue porque según el Tribunal Unitario, llevaban 3 años buscando a las víctimas a través del Gobierno del Estado y éste les decía que no tenían información de las víctimas.
Más irregularidades de las victimas del 15 de septiembre
Otra irregularidad encontrada es que hay víctimas que no están reconocidas en el proceso penal; habiendo víctimas para efectos de las pensiones que otorga el Gobierno del Estado, en el proceso penal solo hay reconocidas 89 víctimas y las publicaciones del Periódico Oficial del Estado donde se enuncia al número total de víctimas, marcan que son 109. Esto da un total de 20 víctimas que aún no son reconocidas, además de que algunas de las víctimas que ya cuentan con una pensión buscan que no sean temporales, sino vitalicias.
Esto, en palabras de la Licenciada Reyna, “nos habla de que a esas 20 víctimas, para efectos de justicia y reparación del daño, las dejan sin nada porque, por ejemplo, uno de los requisitos para la reparación del daño es que estén relacionadas al proceso penal y te das cuenta que eso no pasó”.
“Cuando las víctimas empezaban a llegar al hospital, en el 2008, era la obligación del Ministerio Público recabar la información de las víctimas que ingresaban, pero ¿qué pasó? sólo se recabó información de unos cuantos. El registro de las 109 víctimas quedó así solo para efectos administrativos referentes a lo que se iba a mostrar en el Periódico Oficial y pensiones, pero no lo relacionaron con la averiguación previa y este tipo de omisiones le niegan hoy el acceso a la justicia a esas 20 personas”, comparte la abogada Velasco.
Pese a que antes del 2013, dentro del proceso penal sólo se tomaba en cuenta al ‘probable responsable’, al MP y al Juez, para el 2020 a los representados de la Licenciada Reyna ya les habían reconocido su calidad de víctimas, y fue así que pudieron iniciar su proceso de compensación subsidiaria, que es entre otras cosas, “un castigo que el Estado se impone por no cumplir con su obligación; en este caso, a 15 años, ya tendría que haber una sentencia, y no la hay”.
Una vez reconocida su calidad como víctimas, no fue sino hasta la semana pasada de este 2023, que el juez encargado del caso declaró que el Estado sólo cuenta con 10 días hábiles para emitir ya las resoluciones de reparación, o mejor dicho de compensación, que son indemnizaciones monetarias por los daños que se les causó a las víctimas, por el motivo del delito.
La licenciada Velasco comparte que el monto de esa indemnización “lo determina la Comisión Ejecutiva y para ello, se practican valoraciones médicas, psicológicas así como de trabajo social, además de conocer diversa información, por ejemplo, a qué se dedicaba la víctima antes del hecho y si después de ese hecho pudo seguirse dedicando a la actividad que desempeñaba o no”.
Por lo tanto, esta compensación tiene como significado el que las víctimas de alguna forma puedan recobrar parte de lo que perdieron, parte de esa vida, ya que desde el 15 de septiembre de 2008 cambió radicalmente.
Sintiendo el dolor ajeno
Abordando el cambio de vida al que se sometieron las víctimas del atentado, se le preguntó a la Licenciada Reyna ¿con qué se encontró? dejando de lado su profesión como defensora y expuso lo siguiente:
“me encontré con demasiado dolor. Las víctimas al día de hoy, no han podido sanar mínimamente esas heridas que no solo son físicas, sino también emocionales que este hecho les dejó; me encontré con dolor, con desesperanza y con hartazgo. Incluso al día de hoy ellos te pueden decir que están cansados. Yo he platicado con ellos porque justo en estas fechas mucha gente los quiere entrevistar y se han estado negando, han manifestado que están cansados de que cada año se dice lo mismo ‘se va a reabrir el expediente’, pero realmente nunca ven un avance en lo que es el tema de la justicia”.
Recordemos que fue en el 2022, que el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó a la Fiscalía reabrir la carpeta de investigación, frente a esto, la abogada argumenta que efectivamente nunca se trabajó el tema, porque el gobernador con esa solicitud no hace más que exhibir un claro desconocimiento sobre la situación.
“A estas alturas el gobernador debería saber que el proceso penal está suspendido por el amparo interpuesto por los presuntos acusados en el pasado, y la única forma en que se podría reactivar sería complementando dos órdenes de aprehensión. Una de ellas a Heriberto L., alias ‘el Lazca’, que todos dicen murió en el 2010 y la otra, a una persona de apodo ‘el bola’, pero difícilmente creo que 15 años después pueda complementar una orden de aprehensión”.
La abogada agregó, “por otro lado, existe ya un expediente dentro de la Fiscalía General de la República, les llaman ‘nutriplicados’ y es una averiguación previa que se deriva de la primera averiguación previa y que continúa abierta, pero el problema radica en que continúa abierta únicamente para fines de trámite administrativo, ya no de líneas de investigación”.
De este modo, el que las autoridades en el pasado hayan presentando a 3 hombres como los responsables de este crimen de lesa humanidad, valiéndose de las declaraciones que obtuvieron de ellos a raíz de la tortura que ejercieron sobre su persona, “evidencia la simulación con la que muchas veces la Fiscalía actúa”, dice la abogada.
La Licenciada Velasco, compartió que con anterioridad había sido un acto consecutivo de los gobernadores el reunirse con las víctimas cada año, por los meses de julio o agosto para ponerse a su disposición al menos frente al lente público, pero con esta administración ha sido la excepción, ya que este sería el segundo año de Ramírez Bedolla en su cargo y a la fecha no se ha reunido con ellos para nada.
Finalmente, a toda las personas que quedan entre el fuego cruzado y se vuelven víctimas de las circunstancias, Reyna Velasco les dirige las siguientes palabras:
“yo sé que en muchos impera el miedo, y si este se apodera muchas veces no se habla precisamente por el temor al ‘qué va a pasar si…’, pero también hay que exigir nuestros derechos. Ellos precisamente como víctimas son quienes no tendrían que callar, porque el Estado siempre le apuesta al olvido”.
Aún, a 15 años de lo sucedido el 15 de septiembre, no se han esclarecido los hechos y tampoco se ha encarcelado a los verdaderos autores intelectuales y materiales de este crimen, esto genera una pregunta ¿por qué se había dado por concluida esta investigación?, más aún si fueron capaces de reconocer meses después del atentado en un Tribunal las inconsistencias que presentaba el caso desde la aprehensión de los presuntos culpables. La investigación certera no es un hecho fortuito, requiere seguimiento y persistencia.
