Morelia, Michoacán.- El Movimiento Nacional Democrático de Pensionados y Jubilados del ISSSTE rechazaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que el cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los trabajadores del estado debe determinarse con base a la UMA.
En un manifiesto acusaron que dicha decisión violenta los derechos laborales adquiridos y exigimos el pago de nuestras pensiones en salarios mínimos, tal como está establecido en la Ley del ISSSTE vigente.
Apuntaron que esta sentencia cuyo ponente fue el Ministro Javier Laynez Potitisek y avalada por unanimidad de votos, es un golpe a los derechos adquiridos de las y los trabajadores y contenidos en el Articulo 123 Constitucional y su Apartado B reglamentario que regula las relaciones laborales entre los poderes de la unión y sus trabajadores incluidos los de los organismos descentralizado; en efecto, invocando la reforma constitucional en materia de desindexación del salario en Unidades de Medida y Actualización (UMAS) como mecanismo administrativo para des indexar el salario mínimo como medida de pago de multas, contribuciones y obligaciones administrativas y fiscales del gobierno deja de lado por tanto que las UMAS no pueden aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidos por el salario mínimo.
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En su documento expresaron lo siguiente:
Es falso que la expedición de la reforma que crea las UMAS contribuya a “aumentar los ingresos de los trabajadores con menores remuneraciones, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social” como dice el comunicado de la SCJN; toda vez que estas se fijan con base en el artículo 17 de la ley del ISSSTE, que señala claramente que se fijan en base al sueldo básico, estableciendo como límite inferior un salario mínimo y cono límite superior diez veces dicho salario mínimo.; y afirma el documento de la corte “Esto se traduce en una mejoría en las prestaciones derivadas de la existencia de un vinculo de trabajo , entre las que se encuentra la pensión jubilatoria”.
“Es decir se reconoce implícitamente que el pago de las pensiones procede de una relación laboral y no administrativa, por lo que la invocación de la ley de las UMAS no es procedente; cayendo los propios ministros en contradicción al invocar esta reforma administrativa para un asunto de carácter eminentemente laboral, y es por tanto una incongruencia de interpretación hermenéutica jurídica y falaz de la SCJN, toda vez que la jubilación no es una prestación, sino un pago de trabajo ya realizado. La procedencia a cambiar arbitrariamente la forma de pago de jubilación constituye una violación al acuerdo constitucional, al contrato de trabajo, y a la forma de cotización para el retiro que fue en salarios mínimos”.
Pero el asumir el pago de pensiones en UMAS, significa para el conjunto de las y los jubilados y pensionados del ISSSTE; no una mejora, sino una caída de sus ingresos toda vez que las UMAS en el momento actual tienen un valor nominal de $89.62 pesos diarios, en tanto el Salario Mínimo vigente es de $141,70 pesos diarios, a todas luces la resolución de la SCJN no procura mejoría, sino la pauperización de nuestros ingresos.
“Entendemos que el actual gobierno De AMLO y la 4ª T. enfrentan los resabios del sistema neoliberal enquistados aún en los órganos de gobierno y se oponen al cambio en beneficio de las mayorías como es el caso de la SCJN y otras dependencias y entidades autónomas que interfieren con la lucha contra la corrupción, la austeridad Republicana y el desmantelamiento del modelo neoliberal aun subsistente y pretenden confrontar a las y los trabajadores con el actual Poder Ejecutivo con este tipo de resoluciones; por lo que nos queda claro que el enemigo que enfrentamos las los trabajadores se amurallan tras la falsa interpretación de las leyes para seguir manteniendo sus privilegios y canogías y confrontarnos entre nosotros mismos, no lo lograrán”
Demandamos en lo inmediato el dialogo con el Poder Legislativo, en especial a Senadores y Diputados de Morena y PT; incluir en su agenda legislativa la discusión y posible aprobación de una Reforma Pensionaria en favor de las y los trabajadores, desaparición del sistema privatizado de las Afores, un Sistema Nacional de Pensiones administrado por el Estado y de beneficio social, no privado; que limite las grandes pensiones de excepción vigentes, de expresidentes, secretarios de Edo., Jueces y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal, del Banco de México, y regule los más de 1000 regímenes de pensiones más de trabajadores de empresas paraestatales (Pemex, CFE), Universidades, Estatales, municipales etc., que incluyen a 1/3 de la Población Económicamente Activa y que están regulados por contratos colectivos o por la Ley Orgánica de Entidades Públicas. a Magistrados y otros Altos Funcionarios Públicos.
Consultar con nuestros Asesores Jurídicos en la posibilidad de interponer en lo inmediato una acción jurídica en contra de esta resolución de la SCJN; y de ser preciso acudir a instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Impulsar en lo inmediato a través de las redes sociales, y las propias páginas de la SCJN y del Gobierno de la 4ª T el rechazo del conjunto de las y los pensionados del ISSSTE en particular y de los pensionados del país en general rechazando el pago de las pensiones un UMAS; saturando estas a forma de movilización virtual, ya que por la pandemia nos vemos imposibilitados de realizarla de manera presencial.
Convocar a Trabajadores en Activo y Jubilados a una Conferencia Nacional para la discusión de creación de un Sistema Nacional de Pensiones de carácter público, que garantice el desarrollo armónico y digno de las y los trabajadores al concluir su vida laboral, y devuelva a sus propietarios originales el monto de sus Ahorros para el Retiro conculcados por las Afores.
Articular todos los movimientos de jubilados del país en un solo frente para recuperar lo que por derecho nos pertenece, el derecho a una vida digna.