Por Arturo Hernández Gutiérrez
Zitácuaro, Michoacán, a 24 de marzo de 2017.- En materia de seguridad pública el presidente municipal Carlos Herrera presume a diestra y siniestra que Zitácuaro es una de las demarcaciones más pacíficas y seguras de Michoacán, luego de un periodo en que las autoridades locales fueron rebasadas o se coludieron con otros poderes.
La “percepción” de edil, sin embargo, no empata con otros sectores de la población e, incluso, de algunos integrantes del Cabildo, quienes han dicho en reiteradas ocasiones en sesiones de ese cuerpo que la inseguridad en el municipio aún es delicada y afecta sobre todo a personas de escasos recursos, tanto de parte de los delincuentes como de elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal, Policía Michoacán y policías ministeriales.
Herrera Tello soslaya las críticas, con el argumento de que los presuntos afectados no acuden a las instancias judiciales para levantar las denuncias correspondientes y darle seguimiento a cada caso.
El alcalde habla de una considerable caída en los índices de delitos del fuero común, pero ni ante los integrantes del Cabildo ni ante los medios de comunicación entrega las estadísticas que avalen sus palabras.
En la más reciente sesión del Cabildo, el alcalde no se hizo eco de una demanda de la regidora perredista Rocío Olivares para que el encargado de la Dirección de Seguridad Pública, César Iván Marín Jaimes, compareciera ante dicho cuerpo a fin de responder a una serie de inquietudes, sobre todo a quejas de presunta extorsión en contra de los efectivos de esa corporación que integran los puestos de vigilancia que se establecen en la demarcación.
Tras elaborar una larga explicación sobre el tema de seguridad y de los “grandes avances” tanto municipales como estatales en la materia, invitó a los inconformes a que se incorporen a los trabajos de Coordinación Interinstitucional Zitácuaro Seguro, para que se percaten de que en el municipio se vive en un buen clima de paz y seguridad.
La férrea defensa de edil al trabajo de Marín Jaimes resulta inexplicable para algunos periodistas y analistas locales, toda vez que el encargado de la Dirección de Seguridad Pública fue objeto, en su
primera incursión en el cargo, de severos cuestionamientos por un exceso en el uso de la fuerza de sus elementos.
Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigó dos casos que derivaron en la muerte de dos personas, una en el área de barandilla de dicha corporación y otra el fallecimiento de un varón en una de las principales calles de la cabecera municipal.
La CEDH atendido las dos quejas, cuyos expedientes son ZIT/098/2016 y ZIT/155/2016, por violación a los derechos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
La primera de éstas derivó en la recomendación 081/2016 dirigida al Ayuntamiento de Zitácuaro, la cual se encuentra en etapa de notificación hacia la autoridad señalada y se emitió por violación a los derechos del agraviado como persona sometida a una detención.
El segundo caso se encuentra en etapa de resolución. Sólo falta que el ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato firme el documento y sería por violación al derecho a la vida.
De acuerdo con una investigación realizada por este medio, en el segundo caso estaría involucrado un ciudadano que realiza trabajos de escolta de Herrera Tello y cuyo nombre se omite por razones jurídico-administrativas.
Este mismo medio también conoció que hace aproximadamente un mes la casa que tiene el alcalde en la tenencia de Coatepec de Morelos habría sido objeto de un asalto, acción en la que desconocidos sustrajeron todo el equipo de video-vigilancia.
Marín Jaimes tiene poco contacto con la prensa y en contadas ocasiones que lo ha hecho insiste en que los elementos a su cargo acatan todos los protocolos de seguridad y que mientras la ciudadanía presuntamente aquejada por abusos no haga las denuncias correspondientes, “los puestos de revisión seguirán funcionando”.
Cabe destacar que semanas atrás el regidor perredista José Guadalupe Benítez interpuso ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado una denuncia sobre los abusos y excesos que se cometen en esos retenes contra ciudadanos, especialmente conductores de vehículos de muchos años de antigüedad y que no siempre portan documentos de circulación vigentes