El gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, debe ser investigado inmediatamente ante el manejo que está haciendo su administración en perjuicio de sus gobernados, en primera instancia, al utilizar discrecionalmente el dinero del presupuesto estatal como “préstamo” para intentar reparar el daño ecológico que provocó el Consorcio Grupo México, en segundo lugar, por su total inacción frente al ecocidio provocado por éste multimillonario Grupo México, propiedad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, y en tercer lugar por retener el abasto del agua en una presa para beneficio familiar, denunció Eloí Vázquez.
Ha afectado a sus gobernados con sus decisiones y omisiones; no se ha notado su presencia como representante popular ante los hechos ocurridos el 6 de agosto cuando el Grupo México, propietario de la mina Buenavista del Cobre, causó el desastre ambiental más grande de la industria minera en la historia del país, el cual le ha representado daños al estado por el orden de los 2 mil millones de pesos.
La afectación sufrida en el estado de Sonora es de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ácido, que fueron derramados en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que ha provocado la graves problemas directamente a siete municipios y a aproximadamente 24 mil personas, ante este desastre monumental su gobierno se ha mostrado opaco e inseguro, contrario a las expectativas que esperan los sonorenses y que repercutirán en su entorno social y en su economía.
Por si fuera poco, la inconformidad en el estado ha ido en aumento debido a las investigaciones iniciadas por los delegados federales César Lagarda, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Jorge Andrés Sulio Orozco, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes calificaron como ilegal una presa construida recientemente en el rancho denominado “El Pozo Nuevo de Padrés”, propiedad del mandatario, la cual obviamente, sólo beneficia a su familia en detrimento de decenas de ganaderos y agricultores del municipio de Bacanuchi en la zona del río Sonora. “Esa obra está simplemente en el terreno de la ilegalidad y no se cumplió con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales”, coincidió también el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Jorge Carlos Flores Monge.
Por las observaciones anteriores, el gobernador Padrés, acusó que los delegados deben dejar sus puestos porque no pudieron contener el derrame y subrayó que las acciones de los funcionarios federales mostraron un claro interés político al hacer los señalamientos.
Aquí cabría recordarle algo que él sabe de antemano, esos puestos son otorgados con claros intereses políticos en todas las administraciones federales para tener controles regionales, hay que recordar que cuando el ahora Gobernador, durante su gestión como Subdelegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Sonora, entre 2004 y 2005, logró acceder a un crédito de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conpesca), por cinco millones 64 mil 734 pesos de pesos, para una granja de su propiedad productora de tilapia en el rancho “La Laguna”, además de haber sido exhibido en su momento, como un oportunista, porque logró también recursos crediticios por 899 mil 723 pesos del
programa federal Alianza Contigo, para beneficio personal y de sus hermanos Miguel, Julio César, Héctor Jesús, para adquirir ganado bovino, ovino, caprino y porcino, para el ramo apícola, avícola, dos tractores, así como el equipamiento y la rehabilitación de pozos, mencionó el Comisionado político Nacional del PRD.
La actuación del gobernador Padrés debe de ser evaluada, insistió Vázquez López, conforme a los siguientes artículos constitucionales: el 108 que precisa: “(…) Los Gobernadores de los Estados (…), serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”; el Artículo 109, que en su fracción I señala: “Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Y el artículo 110, que menciona: “Los Gobernadores de los Estados (…), podrán ser sujetos de juicio político (…),por el manejo indebido de fondos y recursos federales (…)”.
Por estas razones, reiteró y concluyó Eloí Vázquez, el Gobernador panista de Sonora, debe responder ante sus gobernados por sus omisiones y falta de transparencia en el manejo del erario público.